Qué difícil me resulta formular una opinión equilibrada y responsable respecto al proyecto del Gobernador Alberto Cárdenas Jiménez, para atender al grave problema que representa para la ciudad la pinta indiscriminada de graffiti en cuanta superficie admita el mínimo trazo de esta suerte de lenguajes que marcan el paisaje urbano. Desde hace algunos meses, en esta misma columna dominical, he venido siguiendo los pronunciamientos y anuncios hechos por el Ejecutivo, sus declaraciones de intención y los primeros pasos para organizar lo que en las últimas semanas ha cobrado forma definitiva como acción o proyecto de Gobierno. Primero fue en la Plaza Juárez, sede del tianguis cultural (o contracultural, según sus integrantes), frente al Parque Agua Azul, donde se realizó la pinta de un mural monumental en una barda cedida expresamente para ello por una empresa comercial. Y luego, el domingo pasado, en la enorme barda perimetral del condominio Plaza Country, en la confluencia de Prolongación Américas, Avenida Patria y Manuel Avila Camacho, la celebración de un encuentro nacional de los llamados “masters” del graffiti y en este caso, un magno concurso para premiar la mejor obra con un viaje a Puerto Vallarta. Quisiera dejar de lado, por ahora, la discusión sobre la competencia real que tiene el Gobierno del Estado para realizar estas acciones, que por relacionarse directamente con la vida vecinal y comunitaria le competen más directamente a los Ayuntamientos. Dejar de lado, incluso, lo grave que resulta que esta nueva pinta se haya realizado sin la autorización expresa, clara y por escrito de los condóminos involucrados. Aceptemos por ahora, para efectos de nuestro       razonamiento, que se trató de un problema de comunicación y, en todo caso, de un perjuicio que puede repararse. Habría que agregar también, para ser más justos, que el proyecto del Gobernador contempla no sólo estas fórmulas que buscan concentrar o localizar en espacios específicos las tareas de los graffiteros, buscando así ganar el compromiso de ellos mismos de no pintarrajear fuera de los límites establecidos (lo que no parece una mala idea), sino toda una tarea de concertación de la voluntad y del esfuerzo de estos mismos jóvenes para realizar quehaceres de limpieza, desmanchado o recuperación de otras fachadas, portones, barandales, ventanas, cajetes o mobiliario urbano afectado en los alrededores de los sitios de concurso. Es evidente que para involucrarse, arriesgarse y comprometerse en este esfuerzo, el señor Gobernador debe estar muy preocupado y hasta desesperado por la falta de respuesta y apoyo eficaz de parte de la sociedad y de los propios Municipios. Por eso creo que no puede criticársele si no se ofrece a cambio una alternativa, un compromiso real para enfrentar este fenómeno. No cabe duda de su buena fe. Lo que ocurre es que un funcionario, un servidor público y sobre todo un hombre de Gobierno debe medir muy bien las consecuencias que puede generar un acto público y no puede comprometer jamás su autoridad y los recursos públicos de que dispone en un proyecto que no cuente con un mínimo consenso de parte de la sociedad, que no se fundamente en un diagnóstico más o menos amplio de la problemática que se busca resolver y que no asuma plenamente la responsabilidad por los efectos, procesos o dinámicas sociales que pueda generar. Y es aquí donde las dependencias estatales encargadas de planear, organizar y ejecutar este proyecto deberían detenerse a reflexionar antes de seguir adelante con una idea que ya ha generado respuestas sociales de legítima preocupación. El viernes pasado, en este MURAL, el presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana del Estado de Jalisco condenó muy duramente la realización del Mastergraffiti, argumentando que el supuesto sobre el que se ha montado (que no se raye en propiedad ajena, a cambio de dibujar en lugares preestablecidos para ello), “es físicamente imposible porque los graffiteros no son un grupo pequeño, es un grupo de toda la ciudad, no puede usted controlar el grupo de graffiteros porque no es una organización, como otras que realizan deporte u otras actividades”. Y es que no hace falta mucha ciencia, ni gran conocimiento de la problemática social y humana de nuestra metrópoli como para saber que esta manifestación brutal, violenta, agresiva y explosiva de parte de la juventud de todos los sectores sociales que conviven en la urbe, no es más que un síntoma de una problemática social, urbana y cultural de gran complejidad. Los jóvenes graffitean nuestras casas, inmuebles, monumentos y espacios públicos porque son jóvenes. Para tratarlos, muchas ciudades norteamericanas, por ejemplo, han optado por la represión, con multas severísimas, pena de cárcel inconmutable hasta por años y castigos a los padres de familia que aquí consideraríamos hasta infamantes. Yo sostengo también que siendo universal este fenómeno, en el caso de las ciudades mexicanas el graffiti se convierte en una plaga por la combinación de muchas otras causas: la falta de espacios públicos para el encuentro, el goce y el disfrute de nuestras ciudades, la carencia de alternativas para el esparcimiento y el crecimiento cultural, la asfixia en la que viven muchos jóvenes de barrios y colonias, condenados al más triste de los consumismos, la inseguridad y el aislamiento, la pérdida progresiva de la calidad de vida, la belleza y dignidad de la imagen urbana y, desde luego, la carencia de valores claros y de principios firmes en nuestra convivencia social y frente a la autoridad. Por ello es que el graffiti puede ser calificado como el problema más grave que padecen hoy en día las ciudades de Jalisco. Porque revela la existencia de las verdaderas causas de una enfermedad social más honda. Y para remediarla no bastará jamás con sólo tallar la costra de la llaga. Por mucho que nos duela. joseluis_cuellar@infosel.net.mx José Luis Cuéllar es regidor del PRI en el Ayuntamiento de Guadalajara