Después de más de un mes de análisis, las modificaciones al Código Penal para evitar el graffiti y tipificarlo como delito están listas.

La Comisión de Estudios Legislativos presentará hoy este acuerdo ante el Pleno del Congreso en el que se pretende multar de 100 a 300 días de salario mínimo y de tres mes hasta un año tres meses de prisión a las personas que dañen con pintura en aerosol la propiedad privada o pública.

En el caso de que se dañe una finca particular, el delito se seguirá sólo si el afectado lo denuncia; en caso de bienes públicos que van desde una banca hasta un edificio histórico, el delito se perseguirá por oficio.

Sin embargo, cuando se dañen edificios o sitios históricos, la pena se agravará y tendrán como multa máxima 300 días de salario mínimo y un año tres meses de prisión.

Cuando el graffitero repare el daño y reciba el perdón del dueño de la finca, el caso quedará abandonado y sólo se le fincará una multa administrativa que el Juez designe.