De nada sirvió la polémica levantada por el panista Gustavo González desde que presentó la iniciativa, al comparar el acto de los graffiteros con lo que hacen los perros al marcar su territorio; tampoco ayudó la queja de los priistas al señalar que la reforma era redundante, pues de acuerdo con el Código Penal todos los delitos se persiguen de oficio, excepto en los que expresamente se establece que es necesaria la denuncia.

En la primera sesión del Pleno de ayer fue recibida oficialmente la comunicación enviada por el titular del Poder Legislativo, donde señala que es inviable la modificación al artículo 261 bis del Código Penal.

“En el caso de nuestra entidad, el Poder Legislativo optó por un sistema de presupuestos de procedibilidad penal en la que la actuación de oficio por parte del Ministerio Público es para la generalidad de los tipos penales, y solamente en aquéllos casos en que éstos señalen expresamente que serán perseguidos a petición de parte ofendida, se considerarán de querella”, cita el documento con las observaciones enviadas por el Gobernador.

Para González Márquez, la adición al artículo vulnera el principio constitucional de seguridad jurídica, pues confundiría a los órganos encargados de aplicar la norma.

El decreto fue aprobado por el Congreso el pasado 3 de octubre.